Nueva ley europea sobre criptomonedas costará millones en Holanda

Un coste alto con beneficios limitados

La próxima entrada en vigor de la DAC8 - la nueva ley europea contra la evasión fiscal a través de criptomonedas - supondrá un desembolso millonario para la Belastingdienst y para las empresas en Holanda, pero aportará escasos resultados reales, según advirtió el Raad van State y la propia agencia tributaria en documentos obtenidos por Financieele Dagblad (FD).

El Tweede Kamer debatirá la ley tras el receso de verano. La norma obliga a las empresas de criptomonedas a informar todas las transacciones de sus clientes al Belastingdienst.

Aunque la Comisión Europea espera recaudar entre 1.000 y 2.400 millones de euros al año en impuestos en toda la UE, el efecto en Países Bajos será reducido.

Problemas técnicos y escasa aplicabilidad

En Holanda, Belastingdienst grava los activos tomando como referencia el 1 de enero, fecha que no coincide con el esquema de reporte de la DAC8.

Esto limita su utilidad práctica tanto para el fisco como para los ciudadanos.

Factura millonaria y falta de personal especializado

• 8 millones de euros en gastos únicos de preparación.
• Más de 17 millones anuales en costes recurrentes.
• Contratación de 126 nuevos empleados a tiempo completo, incluyendo analistas especializados en criptomonedas - un perfil escaso en el mercado laboral actual 🔍.

Las empresas como Bitvavo y Blox también deberán invertir grandes sumas. El Ministerie van Financiën calcula hasta 1,5 millones de euros en preparación y 150.000 euros anuales después.

Preocupaciones sobre privacidad

La VBNL (asociación de la industria cripto) y la Autoriteit Persoonsgegevens advierten que la DAC8 permitirá compartir datos personales de clientes con autoridades fiscales de otros países de la UE, almacenándolos en una base de datos europea por 12 años.

Según la Autoriteit, no está claro bajo qué condiciones se podrán seguir procesando estos datos.

Elusiones aún posibles

El propio Ministerie admite que la evasión fiscal no desaparecerá: los inversores podrán seguir usando plataformas en paraísos fiscales fuera de la UE, así como wallets privados y redes descentralizadas para ocultar sus activos.