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Multas a diez municipios por investigar en secreto a residentes musulmanes
La Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (AP) ha impuesto multas de 25.000 euros a diez municipios por recopilar en secreto información sensible sobre residentes musulmanes, sin base legal y sin informar a las personas afectadas.
Los municipios sancionados son:
Eindhoven, Tilburg, Zoetermeer, Delft, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum, Veenendaal, Huizen y Gooise Meren.
Cada uno deberá pagar 25.000 €, y todos han confirmado que no recurrirán la sanción.
¿Por qué se realizaron estas investigaciones?
Las investigaciones se llevaron a cabo en un contexto de alto temor a la radicalización y a los viajes al extranjero con fines yihadistas.
En ese periodo, el gobierno neerlandés y el Coordinador Nacional para la Lucha contra el Terrorismo y la Seguridad (NCTV) instaron a los municipios a desempeñar un papel activo a nivel local en la prevención.
Qué hicieron exactamente los municipios
Funcionarios municipales contrataron agencias externas de investigación para realizar lo que se denominó:
- Análisis de campo de fuerza
- Escaneos rápidos de comunidades islámicas
Estas investigaciones incluían la recopilación de datos extremadamente sensibles, como:
- Religión y corriente del islam
- Fotografías con nombres completos
- Información sobre familiares
- Datos sobre tensiones internas en mezquitas
- Perfiles personales extensos de individuos concretos
Según la AP, los investigadores obtuvieron información de múltiples fuentes, incluidas entrevistas con musulmanes que desconocían el verdadero objetivo del estudio.
Informes compartidos con otras autoridades
Varios municipios compartieron los informes con organismos como la policía, el NCTV y Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo.
Aunque la AP no ha demostrado que se usaran identidades falsas, sí concluyó que los municipios nunca debieron poseer ni procesar esos datos.
En Países Bajos, procesar datos sobre religión o preferencias políticas está casi siempre prohibido, salvo excepciones muy concretas.
Violación grave de la privacidad
El presidente de la AP, Aleid Wolfsen, fue tajante:
“Se ha violado gravemente la privacidad de las personas afectadas. Esto ha dañado la confianza en muchos municipios”.
La AP concluye que no existía ninguna base legal para recopilar, almacenar ni utilizar estos datos.
¿Qué pasará ahora con los informes?
Los municipios que aún conservan los informes solo podrán:
- Usarlos en procedimientos legales en curso
- Facilitar acceso a las personas afectadas si lo solicitan
Cualquier otro uso está estrictamente prohibido. En el caso de Delft, la multa se impuso por conservar y utilizar el informe, no por encargar la investigación en sí, ya que esa parte prescribió al haber ocurrido hace más de cinco años.
No está claro si esta situación se aplica también a los otros municipios.
Disculpas públicas y daño comunitario
Varios municipios han emitido disculpas públicas:
- En Huizen, el alcalde Serge Ferraro afirmó que el municipio “se entrometió de forma inaceptable en la vida privada de sus residentes”.
- Gooise Meren reconoció que la investigación dañó profundamente a la comunidad islámica y expresó su deseo de reconstruir la relación desde cero.
