Refugiados subarrendan ilegalmente viviendas sociales en Países Bajos

Una investigación encubierta revela prácticas fraudulentas en el sistema de vivienda social

Una investigación del diario AD ha revelado que decenas de refugiados legales en Países Bajos están subarrendando ilegalmente viviendas sociales, a menudo a precios inflados.

Estas propiedades fueron asignadas con prioridad por razones humanitarias, pero están siendo utilizadas como fuente de ingresos, en algunos casos sin que los propietarios siquiera vivan allí.

Habitaciones desde 400 euros hasta estudios por 1500

El equipo de investigación detectó habitaciones pequeñas ofrecidas desde 400 euros, y estudios enteros alquilados por hasta 1500 euros mensuales. En un caso, un joven sirio alquilaba su estudio asignado por la corporación Ymere en Ámsterdam por 700 euros, pero lo subarrendaba por más del doble.

Otro caso ocurrió en Maassluis, cerca de Róterdam, donde un refugiado ofrecía una habitación en su piso de tres habitaciones por 500 euros. El inquilino vivía solo y decía pasar poco tiempo en casa debido a sus estudios. Además, complementaba sus ingresos con trabajo no declarado.

El subarrendamiento, el fraude inmobiliario más común del país

Las empresas de vivienda social prohíben expresamente el subarrendamiento sin permiso, pero según datos recientes, esta práctica es ya la forma más extendida de fraude inmobiliario en los Países Bajos.

En Róterdam, la corporación Havensteder sospecha que hasta el 10 % de las viviendas sociales están subarrendadas ilegalmente, a menudo a trabajadores migrantes.

Además, algunos beneficiarios de vivienda social conservan el inmueble incluso después de comprar una propiedad, y lo alquilan para generar ingresos extra.

Prioridad en el acceso, pero luego alquilan en secreto

El problema se agrava por el hecho de que los refugiados legales acceden a las viviendas sociales de forma prioritaria, sin pasar por las largas listas de espera. Sin embargo, una parte de ellos subarrienda las propiedades de inmediato.

Durante varios días, los periodistas de AD actuaron como interesados usando identidades falsas. Contactaron con casi 30 oferentes, todos inquilinos de viviendas sociales. Visitaron cuatro propiedades en Ámsterdam, Maassluis, Róterdam y Capelle aan den IJssel, y verificaron que las ofertas eran auténticas.

Casos concretos y presiones para alquilar rápido

En Róterdam, un hombre iraquí con pasaporte neerlandés desde hace 10 años ofrecía su única habitación por 400 euros, afirmando dormir con frecuencia en otro lugar. Mencionó que su hermano, aún sin permiso de residencia, podría mudarse allí.

En Capelle aan den IJssel, una mujer iraquí alquilaba dos habitaciones de su piso y ofrecía una tercera. Al ver a un acompañante neerlandés, mostró desconfianza: “¿Por qué ha traído a un neerlandés?”.

En todos los casos, los inquilinos buscaban ingresos adicionales. Tres de ellos recibían prestaciones sociales, y dos más trabajaban sin declarar.

Un joven sirio incluso pretendía alquilar su vivienda para pasar tres meses en Siria, alegando que “el régimen de Asad ha caído”.

Las autoridades lo saben, pero actúan con lentitud

Desde 2015, más de 240.000 refugiados legales han sido alojados en Países Bajos. El Ministerio de Vivienda admite que el subarrendamiento ilegal es un problema, aunque afirma que la responsabilidad recae en los municipios y corporaciones de vivienda.

Ymere reportó 309 casos de fraude inmobiliario en 2024, frente a 275 en 2023. La mayoría de los casos se detectan tras denuncias de vecinos o comportamientos sospechosos. Algunas corporaciones hacen visitas domiciliarias para detectar irregularidades poco después de que el inquilino se muda.

Si se comprueba un subarrendamiento ilegal, se exige al inquilino que cese inmediatamente. Si no lo hace, se inicia un proceso judicial. Según Ymere: