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Corporaciones de viviendas preparan una demanda contra el gobierno
Unas 200 corporaciones de viviendas en Países Bajos, con el respaldo de la organización sectorial Aedes, anunciaron que emprenderán acciones legales preparando una demanda contra la ministra de Vivienda del gobierno, Mona Keijzer (BBB).
El motivo: la reciente decisión del gobierno de congelar los alquileres sociales durante dos años (2025 y 2026).
Las corporaciones aseguran que esta medida viola los Acuerdos Nacionales de Rendimiento, firmados en diciembre entre el gobierno, las corporaciones y actores del sector de la construcción.
Riesgo para 49.000 millones en inversiones
La presidenta de Aedes, Liesbeth Spies, fue clara:
“Al congelar los alquileres, el gobierno destruye unilateralmente el acuerdo”.
Según Spies, esta política pone en riesgo hasta 49.000 millones de euros en inversiones para la expansión y renovación del parque de vivienda social.
Aedes advierte que un tercio de la capacidad de inversión desaparecería si se mantiene la medida.
Spies calificó la congelación como “un asalto a las reservas de efectivo” de las corporaciones.
También describió el clima entre las asociaciones como “enfadadas, entristecidas y decepcionadas”, aunque determinadas a seguir cumpliendo su rol social.
El aumento del 4,5 % que nunca llegó
Aedes insiste en que el sector necesita aplicar el aumento medio del 4,5 % en los alquileres previsto originalmente, para mantener su solvencia y seguir construyendo viviendas asequibles.
Aunque el gobierno ofreció a cambio 675 millones de euros en inversiones públicas para 2025 y 2026, las corporaciones consideran que esa cifra no compensa la pérdida de ingresos generada por la congelación.
Ultimátum de dos semanas
Aedes ya envió una notificación formal de incumplimiento al Ministerio de Vivienda.
Le otorgan a Keijzer dos semanas para revertir la decisión, o presentarán la demanda ante los tribunales.
El conflicto no es solo con la ministra, subrayó Spies, sino con toda la coalición gobernante (PVV, VVD, NSC y BBB). También alertó sobre los efectos para la confianza de los inversionistas:
“¿Qué prestamista va a invertir si los acuerdos se rompen a los cuatro meses?”
